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Los origenes de la rebelión maya de 1847
No es posible saber con precisión en que momento los mayas de los pueblos libres del sur y del oriente de la península comenzaron a reflexionar sobre una rebelión organizada, pero las revueltas locales que se sucedían en los pueblos por problemas particulares, como la venta de terrenos o el cobro de las contribuciones, se remontan a 1841, cuando el cacique de Acanceh encabezó una protesta por la venta de tierras. En 1843 se registraron revueltas indígenas en Yalkuk, un rancho de Sacalúm, por el cobro de los arrendamientos de tierras baldías y en el pueblo de Teabo en donde el jefe político advirtió al gobernador sobre el posible estallido de una guerra de castas y sobre el propósito de los rebeldes de “exterminar a toda la gente blanca”, añadía que era “un deseo largamente anhelado por los indígenas”. En 1844 estalló otra insurrección en el pueblo de Huhí. Como suele acontecer con las conspiraciones que involucran a numerosos participantes, la de 1847 fue descubierta en julio y de inmediato se iniciaron las hostilidades con el fusilamiento del cacique de Chichimilá, Manuel Antonio Ay. La fase más cruenta de esta guerra se extendió hasta 1855 y después se estableció una frontera inestable que apartaba a los yucatecos de los mayas rebeldes, seguidores de la cruz. Pero la disputa por el territorio oriental de la península se prolongó hasta el año de1901.
Los orígenes de la rebelión maya de 1847 son muy complejos pero pueden agruparse en dos grandes vertientes: las causas seculares y las inmediatas. La primera es la más profunda y se refiere al dominio colonial que padecieron los mayas durante tres siglos, basado en una ideología racial de superioridad blanca e inferioridad indígena. Durante la Colonia, los mayas fueron considerados menores de edad y su cultura fue perseguida y despreciada, al tiempo que se les exigía tributos y trabajo. La segunda vertiente se refiere a las causas inmediatas y comprende la desamortización de los bienes de las comunidades y la reducción de las posibilidades de la sobrevivencia colectiva. Los despojos de tierras, poco tiempo después de que los pueblos habían perdido sus cajas de comunidad y sus haciendas de cofradías, estrecharon fuertemente los recursos disponibles para sobrevivir. Al mismo tiempo, se mantuvieron las fuertes exacciones por parte del gobierno, los religiosos y los comerciantes.
El despojo de tierras como una de las causas particulares del levantamiento maya de 1847 se ha analizado en el apartado anterior. Aquí lo que pretendemos es destacar la importancia de otras dos condiciones que generaron la guerra: la continuidad en las formas coloniales de explotación y el debilitamiento de los caciques y de las repúblicas indígenas. Después de consumarse la independencia, diferentes formas de explotación colonial se continuaron practicando con algunas variaciones. La tributación que pagaban los indígenas a la Corona y a los encomenderos se convirtió en una contribución personal de dos reales mensuales que perduró hasta mediados del siglo XIX, aunque de diversas maneras los servicios personales a los religiosos y a las casas de los españoles se mantuvieron constantes. Por su parte, las obvenciones y los derechos parroquiales no sufrieron graves alteraciones y se cobraban cada domingo, incluso la antigua práctica de los repartimientos forzosos de mercancías y otros bienes seguía empleándose ocasionalmente.
Las obvenciones, que se continuaron pagando en la misma magnitud que en la época colonial, eran particularmente odiadas y temidas. Cada vez con mayor frecuencia los indígenas evitaban pagarlas y levantaban protestas por lo elevado de las cuotas. Algunos indígenas se pretendían miembros de la clase de los hidalgos para quedar fuera de las matriculas, como aducía Tomás Pech, del pueblo de Tekit hacia 1830, la mayoría alegaba miseria y otros impedimentos para realizar el pago, como en el caso de unas viudas del pueblo de Hocabá en 1837, que habían servido como semaneras a cuenta de obvenciones en la casa cural y exigían que se les eximieran los pagos por “nuestra miseria y actual desamparo”. Por su parte, los religiosos, salvo contadas excepciones, presionaron para mantener sus prerrogativas, de las que dependía en buena medida el funcionamiento del culto. Para mantener con vida la cobranza de obvenciones se recurría con frecuencia al látigo y al encarcelamiento de los infractores.
El cobro de obvenciones se efectuaba rigurosamente, de la misma manera en que se hacía durante el periodo colonial. Cada domingo, después de la misa, el cura leía la tabla o matrícula y recibía el pago de obvenciones de los presentes. Los alcaldes y tupiles eran obligados a ir en busca de los indígenas que estuvieran ausentes del acto para obligarlos a pagar. Muchos son los casos de religiosos que repartían azotes y prisión a los faltantes de acuerdo con la cantidad que adeudaran, así lo hacían el cura y el hacendado Manuel Jiménez Solís en el pueblo de Temas, en 1825, lo que le mereció una protesta por parte de la república de dicho pueblo. La reducción de las obvenciones a un real mensual pagado sólo por los hombres, en septiembre de 1840, no repercutió de manera positiva en la economía de los indígenas debido a que en 1843 se estableció el pago de derechos por bautismo y casamiento y que ascendían a 3 y 12 reales respectivamente.
La práctica de los servicios personales para la agricultura dejó de realizarse en Yucatán al concluir el período colonial, debido a que los hacendados y rancheros tuvieron desde entonces, la libertad de acaparar mano de obra por medio de varias formas: arrendar tierras a los luneros, el sistema de deudas y el acasillamiento. Pero otros tipos de servicios personales se mantuvieron de manera se mantuvieron de manera indiscriminada, entre los que destaca el que se prestaba a los conventos y a las casas curales. Se trataba de una costumbre sustentada en el dominio ideológico que mantenían los curas en sus parroquias y se prestaba a múltiples abusos. En general, las mujeres indígenas servían como semaneras para la cocina y los quehaceres domésticos y los varones como sirvientes para el cultivo de la huerta, la construcción, el transporte y otros usos. Hacia 1839, en una queja presentada por los indígenas de Chichimilá denunciaban los malos tratos que recibían “los sirvientes que entran por turno en el convento”.
La animadversión que llegaron a causar las contribuciones eclesiásticas y los servicios personales fue una de las causas principales de la insurrección de los mayas en 1847. En la tercera y cuarta década del siglo XIX encontramos muchas y variadas quejas interpuestas por los caciques y repúblicas en contra de los religiosos por diversos motivos, principalmente por faltas ministeriales, excesos en los castigos que aplicaban, por la dureza con que se cobraban las obvenciones y en particular contra los azotes y la prisión.
Las antiguas repúblicas indígenas representaban una fuerte traba para la consolidación de la nueva entidad federativa en la que se convirtió la provincia de Yucatán. Los criollos que anexaron Yucatán a la República Mexicana se veían en los cabildos indígenas un mal necesario y pasajero que debía durar sólo el tiempo necesario para la conversión de los indígenas en ciudadanosy para la creación de municipios libres que fueran gobernados por ayuntamientos. Pero la numerosa población indígena, su patrón de asentamientos disperso y el uso generalizado de la lengua maya hicieron imposible la rápida cancelación de esos cabildos, aunque se impulsó una política tendiente a restringir sus derechos y funciones.
Excepto por dos breves períodos, 1820-1824 y 1841-1847, cuando fueron desconocidas oficialmente por la influencia liberal de las cortes españolas y de la constitución yucateca, las repúblicas de indios se mantuvieron jurídicamente en Yucatán hasta finalizar la década de los años sesenta del siglo XIX. Siguiendo la pauta del gobierno colonial, los gobiernos peninsulares surgidos después de la independencia, encontraron en las repúblicas mayas una forma de mantener funcionando la recaudación de las contribuciones tributarias, civiles y religiosas y, al mismo tiempo un elemento para contener la dispersión de los indígenas en los montes y una vía para mantener la vigilancia sobre su manera de vivir. Para los pueblos, la permanencia de sus autoridades étnicas como instancias diferentes de los ayuntamientos fue un importante refuerzo de su identidad, una manera de permanecer parcialmente aislados de la sociedad nacional en formación que postulaba la igualdad de hombres que hablaban y pensaban lenguajes diferentes. Las repúblicas buscaron mantener el carácter corporativo de los pueblos frente al exterior y preservar a la élite indígena en el liderazgo. En este sentido, estas estructuras permitieron trascender el esfuerzo de sobrevivencia común de las comunidades mayas, aminorando las fuertes cargas destructoras de la identidad propiciadas por el proyecto de la nueva nación. De todas maneras, las repúblicas perdieron muchas de sus antiguas funciones que pasaron a los ayuntamientos y juntas municipales de nueva creación, organismos que terminaron siendo dominados por criollos y mestizos. La constitución yucateca de 1825 estableció nuevas ordenanzas para “el gobierno interior de los pueblos”, impulsando la creación de ayuntamientos en las cabeceras que tuvieran más de tres mil habitantes o un desarrollo importante en la agricultura, industria y comercio, desde luego excluyó a los habitantes de los ranchos sujetos y de las haciendas. En las demás cabeceras se establecieron juntas municipales. Estos cuerpos debían formarse con la representación de todas las clases, pero se introdujo el requisito de saber leer y escribir que en los hechos impedía a la mayor parte de los u chun t’ano’ob su elección a los cargos. Asimismo, se estipularon como funciones de los ayuntamientos vigilar el orden público, la administración de los caudales de propios y arbitrios así como de los montes comunes y de los pósitos, promover la educación, la construcción y cuidado de las obras públicas y fomentar la agricultura, la industria y el comercio. Al perder una parte de sus funciones originales, las repúblicas y los caciques se debilitaron como gobiernos de los pueblos. Los u chun t’ano’ob fueron puestos en entredicho por el pensamiento liberal que se abría camino en Yucatán y por la integración de la nación mexicana, que no les asignaba un papel para desempeñar. En la Constitución local de 1841, el gobierno dejó de reconocer, de manera oficial a las repúblicas y a los caciques, lo que representaba una afrenta para la élite indígena. Al menos así se lo expresó Cecilio Chí al cura Manuel Antonio Sierra, quien vivió los primeros meses de la guerra de castas entre los rebeldes. En 1845 la población maya continuaba siendo mayoritaria y frente a la reducción de sus espacios de autonomía se aprestaba a una sublevación.
Material tomado de: La memoria enclaustrada. Historia de los pueblos indígena de Yucatán, 1750-1915. Bracamonte Pedro, México 1994 ISBN 968-496-262-2 (Volumen) 968-496-259-2 (obra completa)
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